Perón y Cooke en los días del pacto con Frondizi
El gobierno de la Revolución Libertadora había prometido las elecciones generales para el 23 de febrero de 1958. En los meses anteriores, se hizo cada vez más difícil al gobierno separar las cuestiones políticas de los asuntos electorales. El propósito primitivo de eliminar el control peronista de los sindicatos mediante la intervención de la CGT, y de prohibir la ocupación de cargos sindicales a dirigentes que hubieran actuado durante el gobierno de Perón no resultó. Los sindicalistas peronistas lograron el control de numerosos sindicatos, y en otros, aunque hubieran sido elegidas personas independientes para los puestos directivos, los afiliados continuaban respondiendo al peronismo. Las directivas de Perón eran transmitidas por un grupo clandestino de dirigentes de la CGT, quienes trataban de incentivar las actitudes revolucionarias. En septiembre y octubre de 1957, una ola de paros y dos huelgas generales se dispusieron en contra del gobierno, en demanda de aumentos de salarios. (1)
En el seno del gobierno se produjo una fuerte controversia sobre la manera en que se debía responder a la presión gremial. El presidente Aramburu y los ministros civiles eran partidarios de una política moderada que contemplaba el aumento de salarios. El vicepresidente Rojas, con el apoyo del ministro de Marina Teodoro Hartung, postulaba en cambio una política de línea dura contraria al aumento de sueldos y que demandaba el arresto de los agitadores peronistas y comunistas, a quienes responsabilizaba de los problemas gremiales.
Las opiniones enfrentadas alcanzaban también la estrategia para las elecciones generales y amenazaban con provocar una división absoluta entre presidente y vicepresidente. Aquéllas se manifestaron cuando, según el vicepresidente Rojas, el presidente parecía no prestar atención a las recomendaciones políticas de la Junta Militar. El presidente se negaba a refrendar decretos leyes preparados por la Junta Militar -los cuales había aceptado en un principio-, que ordenaban la proscripción del partido Comunista y el arresto de dirigentes gremiales peronistas. El almirante Rojas sospechaba que Aramburu tenía motivos políticos para no aceptar las sugerencias de la Junta Militar.
El 6 de octubre, en una reunión en Olivos, la discusión casi llegó a la ruptura entre presidente y vice. Ambos se acusaron de tomar iniciativas que podían comprometer la palabra empeñada por el gobierno de neutralidad en las elecciones generales. Aramburu señaló que la propuesta de Rojas de arrestar a dirigentes sindicales apuntaba a provocar desórdenes entre los trabajadores. El presidente aludía a rumores que advertían que Rojas intentaba utilizar la inquietud obrera para justificar la suspensión de las elecciones y el establecimiento de un régimen dictatorial. Rojas negó terminantemente la acusación y a su vez reconvino al presidente y a los ministros civiles por utilizar sus cargos para apoyar el programa de la UCRP y quitar votos a Arturo Frondizi. (2)
Las alternativas de la Asamblea Constituyente habían demostrado la imposibilidad de acordar cambios políticos relevantes en un contexto de proscripción de un partido que había sido mayoritario en el país y de fuerte competencia entre los demás partidos para conseguir los votos peronistas. No obstante, el 15 de noviembre se hizo público el decreto de llamado a elecciones para el 23 de febrero de 1958, hecho que aventó las dudas sobre la realización de los comicios. Una docena de partidos designaron sus candidatos, pero era sabido que los candidatos con posibilidades reales de acceder a la presidencia eran sólo dos: Ricardo Balbín por la UCRP, y Arturo Frondizi por la UCRI. El primero era percibido como el candidato oficial, con sus ventajas y desventajas, entre éstas el hecho de representar la continuidad de lo realizado por la Revolución Libertadora, lo cual implicaba el mantenimiento de las medidas antiperonistas y de la política económica y social. Frondizi, inversamente, se presentaría como opuesto a todo lo actuado por el gobierno militar. Postularía el fin de la persecución ideológica y política, una amnistía para los acusados de delitos políticos, la integración de la clase trabajadora en la vida nacional, un programa económico que daba prioridad a la industria pesada, y la adopción del sistema de enseñanza libre que permitiría la existencia de universidades privadas. (3)
La aceptación que parecía tener el movimiento frondizista llevó a que el gobierno considerara la idea de levantar la proscripción al partido Peronista. No obstante, una consulta con oficiales navales reveló una opinión negativa prácticamente unánime. El gobierno permitió sin embargo el registro electoral de un grupo de partidos neoperonistas, estrategia que apuntaba a dividir a los simpatizantes frondizistas. La marina se opuso firmemente a la medida, pero ésta se mantuvo debido al apoyo del ejército y la aeronáutica. El temor de la marina consistía en que una orden de Perón podría llevar el caudal de votos en blanco a apoyar una de las listas neoperonistas. Aramburu y algunos ministros estaban dispuestos a aceptar la victoria de los peronistas en alguna provincia, aunque consideraban que la elección debía anularse si obtenían un triunfo mayor. A su vez, los almirantes Rojas y Hartung pensaban que era inmoral permitir la participación de los neoperonistas en la elección y luego negarles los cargos si ganaban. Era preferible mantenerlos proscriptos y hacer una elección limpia con todos los demás partidos. Por cierto, la oposición de Aramburu a la eliminación de los partidos neoperonistas poco antes de la elección respondía a la percepción de que dividiendo los votos peronistas se contribuiría al triunfo de la UCRP.
Pero en estas estrategias había un imponderable que era la posición que Perón ordenaría asumir a sus seguidores. En Chile, los miembros del Comando Táctico desarrollaron una estrategia que sería presentada a Perón en Caracas por John William Cooke y que señalaba que había que respaldar a Frondizi, dado que éste representaba la corriente más popular y nacional. La mayoría de los dirigentes y bases peronistas, sin embargo, consideraban que debía insistirse con el voto en blanco, pero esto implicaba facilitar el continuismo entre el gobierno militar y la UCRP de Balbín. Perón solicitó un tiempo para pensar su decisión. A comienzos de febrero comenzaron a llegar los indicios de que el ex presidente, ahora instalado en Santo Domingo, pedía a los candidatos de las listas neoperonistas que renunciaran a ellas y a sus simpatizantes que no avalaran con sus votos el plan continuista de la Revolución. Esto podía interpretarse como un apoyo tanto a Frondizi como al conservador popular Vicente Solano Lima. El interrogante se reveló una semana más tarde cuando fueron distribuidas copias de una carta de Perón ordenando votar por Arturo Frondizi. Se hizo evidente entonces que dicha resolución sólo podía ser producto de un pacto Perón-Frondizi. (4)
En las altas esferas del gobierno no podía creerse que Frondizi hubiese hecho un pacto con Perón, motivo por el cual se hizo caso omiso de la evidencia que presentaron los ministros civiles. En una reunión solicitada urgentemente, el ministro de Relaciones Exteriores, Alfonso de Laferrère, presentó documentos diplomáticos que testimoniaban los contactos entre representantes de Frondizi y de Perón, y demostraban un acuerdo político entre ambos. El almirante Rojas propuso citar a Frondizi para que aclarara la cuestión, pero no se tomó ninguna medida. El canciller decidió presentar su renuncia. Tampoco existe evidencia de que la Junta Militar se reuniera formalmente para tratar la posibilidad de lapara tratar la posibilidad de lae. El ministro de Marina Hartung no estaba convencido de que la victoria de Frondizi estuviera asegurada.
Un rol clave en toda la estrategia política que desembocara en el acuerdo Perón-Frondizi fue el jugado por el asesor económico del último, el empresario Rogelio Frigerio. Este era partidario de un programa económico y social desarrollista, que pretendía transformar el país a través de la expansión de la industria nacional. En los últimos meses, Frigerio había tratado de obtener el respaldo de Perón para constituir una alianza electoral que apoyara su programa. Perón, sin embargo, no estuvo convencido de respaldar los planes frondizistas hasta fines de 1957.
Las negociaciones se llevaron a cabo en Caracas, adonde Frigerio viajó dos veces. La primera vez llegó el 3 de enero de 1958 y la segunda el 18. En la última circunstancia se produjo la revolución que derrocó al dictador venezolano Marcos Pérez Jiménez, por lo cual las tratativas se suspendieron, dado que Perón debió trasladarse a Santo Domingo por su seguridad y Frigerio regresó a Buenos Aires. Aquí se ultimaron los detalles del documento a firmarse y éste fue remitido a Santo Domingo el 5 de febrero por medio de un enviado especial.
Cabe mencionar aquí que el embajador argentino en Venezuela, general Carlos Toranzo Montero, desempeñó un rol activo en la preparación del golpe que derrocaría al dictador Pérez Jiménez. Esta intervención llevó al gobierno de Venezuela a declarar persona no grata al embajador argentino y llamar a su embajador en la Argentina. El 6 de julio de 1957, el gobierno argentino daba a conocer la interrupción de las relaciones con Venezuela, fundamentando la decisión en la negativa del gobierno de ese país en atender las peticiones para que “reprimiera las actividades delictuosas que se llevan a cabo desde su territorio en forma sistemática contra el pueblo y el gobierno argentino, incitando al terrorismo y a la subversión”, lo que aludía a la residencia de Perón en ese país y a las negociaciones que éste realizaba desde allí. Por cierto, instaurada la Junta Militar Revolucionaria, presidida por el contraalmirante Wolfgang Larrazábal, quien tenía una antigua amistad con el almirante Rojas desde que había sido agregado naval en Buenos Aires, el gobierno argentino reanudó inmediatamente las relaciones diplomáticas. Esta evolución de los acontecimientos explicaría el hecho de que Perón haya debido salir rápidamente de Venezuela al conocerse el golpe, temiendo por su seguridad. La situación se repitió con la República Dominicana, al instalarse Perón en Santo Domingo. El gobierno argentino juzgó como una desconsideración de ese gobierno el que no fueran atendidos sus reclamos por la “injerencia que desde ciudad Trujillo ha tenido en la política el ex dictador Juan Domingo Perón, que allí ha encontrado asilo después de su fuga de Caracas”. En consecuencia, el 9 de abril de 1958, se declararon suspendidas las relaciones diplomáticas con el gobierno dominicano. (5)
El pacto Perón-Frondizi generó posteriormente una controversia acerca de su contenido. Frigerio sostuvo que tanto él como Frondizi firmaron dos copias del documento enviado a Perón, pero insistió en que no se establecían medidas concretas sino la necesidad de hacer frente al radicalismo de Balbín y a las maniobras del neoperonismo del partido Blanco de los Trabajadores. La afirmación de Frigerio no concuerda con el texto dado a publicidad por Perón en junio de 1959. Por su parte, Frondizi negó haberlo firmado y el acto de darlo a publicidad fue atribuido a una maniobra desestabilizadora por parte de Perón hacia su gobierno. No obstante, la correspondencia particular de Perón en los primeros meses de la administración de Frondizi indicaría que el texto conocido es parcialmente verdadero. Según dicho texto los compromisos de Frondizi incluían la revisión de todas las medidas económicas y la revocación de todas aquéllas de persecución política contra los peronistas adoptadas por la Revolución Libertadora, la devolución de propiedades incluidas las de la Fundación Eva Perón, la normalización de los sindicatos y de la CGT, el reemplazo de los miembros de la Corte Suprema, la restitución de la legalidad al partido Peronista. En un lapso no mayor de dos años debía convocarse una asamblea constituyente que revisara la Constitución, declarara vacantes todos los cargos electivos y convocara a nuevas elecciones. El acuerdo era de una envergadura tal que puede comprenderse que Frondizi estuviera decidido a negarlo.
La información transmitida por el embajador norteamericano en Ciudad Trujillo también parecía confirmar los rumores del compromiso entre Frondizi y Perón. Farland informó que en una entrevista Perón comentó que Frondizi diseñaría un período de transición de dos años que prepararía el terreno para realizar nuevas elecciones. Esto permitiría eliminar la posibilidad de un conflicto social y de crear el clima necesario para el regreso de Perón. (6)
Frigerio sostuvo posteriormente que el acuerdo con Perón no había sido secreto. Todas las estipulaciones del pacto eran, en su opinión, el programa de conciliación que se había propuesto contra la corriente antiperonista y antipopular desatada en 1955. Dicho programa había sido explicado en distintos lugares del país, había formado parte de los discursos de Frondizi durante la campaña electoral y había sido desarrollado extensamente en la revista Qué. Tanto la política del petróleo, la política respecto del capital extranjero, las ideas acerca de las asociaciones profesionales o la decisión de terminar con la antinomia peronismo-antiperonismo no fueron secretas. (7)
En virtud del pacto, la fórmula Arturo Frondizi-Alejandro Gómez consiguió una victoria decisiva en las elecciones del 23 de febrero. Obtuvo 4.070.000 votos, más del doble de los obtenidos por la UCRI unos meses antes, contra 2.550.000 del candidato de la UCRP. La UCRI logró una amplia mayoría en diputados, unanimidad en el Senado y la totalidad de los gobiernos provinciales. El resultado indignó a gran parte de los militares, quienes consideraron que Frondizi había manipulado la proscripción de los peronistas en contra de la Revolución Libertadora. Muchos lo percibieron legalmente electo pero no legítimo. Se pensó incluso en no entregar el poder. Finalmente se impuso la opinión de los legalistas, pero que encerraba un condicionamiento. Frondizi asumiría el gobierno, pero las fuerzas armadas retendrían el poder. De esta manera, a pesar del enorme respaldo electoral obtenido, el gobierno de Frondizi se vería debilitado por las condiciones del apoyo peronista y la tutela que las fuerzas armadas pretenderían ejercer sobre su gestión.
En el seno del gobierno se produjo una fuerte controversia sobre la manera en que se debía responder a la presión gremial. El presidente Aramburu y los ministros civiles eran partidarios de una política moderada que contemplaba el aumento de salarios. El vicepresidente Rojas, con el apoyo del ministro de Marina Teodoro Hartung, postulaba en cambio una política de línea dura contraria al aumento de sueldos y que demandaba el arresto de los agitadores peronistas y comunistas, a quienes responsabilizaba de los problemas gremiales.
Las opiniones enfrentadas alcanzaban también la estrategia para las elecciones generales y amenazaban con provocar una división absoluta entre presidente y vicepresidente. Aquéllas se manifestaron cuando, según el vicepresidente Rojas, el presidente parecía no prestar atención a las recomendaciones políticas de la Junta Militar. El presidente se negaba a refrendar decretos leyes preparados por la Junta Militar -los cuales había aceptado en un principio-, que ordenaban la proscripción del partido Comunista y el arresto de dirigentes gremiales peronistas. El almirante Rojas sospechaba que Aramburu tenía motivos políticos para no aceptar las sugerencias de la Junta Militar.
El 6 de octubre, en una reunión en Olivos, la discusión casi llegó a la ruptura entre presidente y vice. Ambos se acusaron de tomar iniciativas que podían comprometer la palabra empeñada por el gobierno de neutralidad en las elecciones generales. Aramburu señaló que la propuesta de Rojas de arrestar a dirigentes sindicales apuntaba a provocar desórdenes entre los trabajadores. El presidente aludía a rumores que advertían que Rojas intentaba utilizar la inquietud obrera para justificar la suspensión de las elecciones y el establecimiento de un régimen dictatorial. Rojas negó terminantemente la acusación y a su vez reconvino al presidente y a los ministros civiles por utilizar sus cargos para apoyar el programa de la UCRP y quitar votos a Arturo Frondizi. (2)
Las alternativas de la Asamblea Constituyente habían demostrado la imposibilidad de acordar cambios políticos relevantes en un contexto de proscripción de un partido que había sido mayoritario en el país y de fuerte competencia entre los demás partidos para conseguir los votos peronistas. No obstante, el 15 de noviembre se hizo público el decreto de llamado a elecciones para el 23 de febrero de 1958, hecho que aventó las dudas sobre la realización de los comicios. Una docena de partidos designaron sus candidatos, pero era sabido que los candidatos con posibilidades reales de acceder a la presidencia eran sólo dos: Ricardo Balbín por la UCRP, y Arturo Frondizi por la UCRI. El primero era percibido como el candidato oficial, con sus ventajas y desventajas, entre éstas el hecho de representar la continuidad de lo realizado por la Revolución Libertadora, lo cual implicaba el mantenimiento de las medidas antiperonistas y de la política económica y social. Frondizi, inversamente, se presentaría como opuesto a todo lo actuado por el gobierno militar. Postularía el fin de la persecución ideológica y política, una amnistía para los acusados de delitos políticos, la integración de la clase trabajadora en la vida nacional, un programa económico que daba prioridad a la industria pesada, y la adopción del sistema de enseñanza libre que permitiría la existencia de universidades privadas. (3)
La aceptación que parecía tener el movimiento frondizista llevó a que el gobierno considerara la idea de levantar la proscripción al partido Peronista. No obstante, una consulta con oficiales navales reveló una opinión negativa prácticamente unánime. El gobierno permitió sin embargo el registro electoral de un grupo de partidos neoperonistas, estrategia que apuntaba a dividir a los simpatizantes frondizistas. La marina se opuso firmemente a la medida, pero ésta se mantuvo debido al apoyo del ejército y la aeronáutica. El temor de la marina consistía en que una orden de Perón podría llevar el caudal de votos en blanco a apoyar una de las listas neoperonistas. Aramburu y algunos ministros estaban dispuestos a aceptar la victoria de los peronistas en alguna provincia, aunque consideraban que la elección debía anularse si obtenían un triunfo mayor. A su vez, los almirantes Rojas y Hartung pensaban que era inmoral permitir la participación de los neoperonistas en la elección y luego negarles los cargos si ganaban. Era preferible mantenerlos proscriptos y hacer una elección limpia con todos los demás partidos. Por cierto, la oposición de Aramburu a la eliminación de los partidos neoperonistas poco antes de la elección respondía a la percepción de que dividiendo los votos peronistas se contribuiría al triunfo de la UCRP.
Pero en estas estrategias había un imponderable que era la posición que Perón ordenaría asumir a sus seguidores. En Chile, los miembros del Comando Táctico desarrollaron una estrategia que sería presentada a Perón en Caracas por John William Cooke y que señalaba que había que respaldar a Frondizi, dado que éste representaba la corriente más popular y nacional. La mayoría de los dirigentes y bases peronistas, sin embargo, consideraban que debía insistirse con el voto en blanco, pero esto implicaba facilitar el continuismo entre el gobierno militar y la UCRP de Balbín. Perón solicitó un tiempo para pensar su decisión. A comienzos de febrero comenzaron a llegar los indicios de que el ex presidente, ahora instalado en Santo Domingo, pedía a los candidatos de las listas neoperonistas que renunciaran a ellas y a sus simpatizantes que no avalaran con sus votos el plan continuista de la Revolución. Esto podía interpretarse como un apoyo tanto a Frondizi como al conservador popular Vicente Solano Lima. El interrogante se reveló una semana más tarde cuando fueron distribuidas copias de una carta de Perón ordenando votar por Arturo Frondizi. Se hizo evidente entonces que dicha resolución sólo podía ser producto de un pacto Perón-Frondizi. (4)
En las altas esferas del gobierno no podía creerse que Frondizi hubiese hecho un pacto con Perón, motivo por el cual se hizo caso omiso de la evidencia que presentaron los ministros civiles. En una reunión solicitada urgentemente, el ministro de Relaciones Exteriores, Alfonso de Laferrère, presentó documentos diplomáticos que testimoniaban los contactos entre representantes de Frondizi y de Perón, y demostraban un acuerdo político entre ambos. El almirante Rojas propuso citar a Frondizi para que aclarara la cuestión, pero no se tomó ninguna medida. El canciller decidió presentar su renuncia. Tampoco existe evidencia de que la Junta Militar se reuniera formalmente para tratar la posibilidad de lapara tratar la posibilidad de lae. El ministro de Marina Hartung no estaba convencido de que la victoria de Frondizi estuviera asegurada.
Un rol clave en toda la estrategia política que desembocara en el acuerdo Perón-Frondizi fue el jugado por el asesor económico del último, el empresario Rogelio Frigerio. Este era partidario de un programa económico y social desarrollista, que pretendía transformar el país a través de la expansión de la industria nacional. En los últimos meses, Frigerio había tratado de obtener el respaldo de Perón para constituir una alianza electoral que apoyara su programa. Perón, sin embargo, no estuvo convencido de respaldar los planes frondizistas hasta fines de 1957.
Las negociaciones se llevaron a cabo en Caracas, adonde Frigerio viajó dos veces. La primera vez llegó el 3 de enero de 1958 y la segunda el 18. En la última circunstancia se produjo la revolución que derrocó al dictador venezolano Marcos Pérez Jiménez, por lo cual las tratativas se suspendieron, dado que Perón debió trasladarse a Santo Domingo por su seguridad y Frigerio regresó a Buenos Aires. Aquí se ultimaron los detalles del documento a firmarse y éste fue remitido a Santo Domingo el 5 de febrero por medio de un enviado especial.
Cabe mencionar aquí que el embajador argentino en Venezuela, general Carlos Toranzo Montero, desempeñó un rol activo en la preparación del golpe que derrocaría al dictador Pérez Jiménez. Esta intervención llevó al gobierno de Venezuela a declarar persona no grata al embajador argentino y llamar a su embajador en la Argentina. El 6 de julio de 1957, el gobierno argentino daba a conocer la interrupción de las relaciones con Venezuela, fundamentando la decisión en la negativa del gobierno de ese país en atender las peticiones para que “reprimiera las actividades delictuosas que se llevan a cabo desde su territorio en forma sistemática contra el pueblo y el gobierno argentino, incitando al terrorismo y a la subversión”, lo que aludía a la residencia de Perón en ese país y a las negociaciones que éste realizaba desde allí. Por cierto, instaurada la Junta Militar Revolucionaria, presidida por el contraalmirante Wolfgang Larrazábal, quien tenía una antigua amistad con el almirante Rojas desde que había sido agregado naval en Buenos Aires, el gobierno argentino reanudó inmediatamente las relaciones diplomáticas. Esta evolución de los acontecimientos explicaría el hecho de que Perón haya debido salir rápidamente de Venezuela al conocerse el golpe, temiendo por su seguridad. La situación se repitió con la República Dominicana, al instalarse Perón en Santo Domingo. El gobierno argentino juzgó como una desconsideración de ese gobierno el que no fueran atendidos sus reclamos por la “injerencia que desde ciudad Trujillo ha tenido en la política el ex dictador Juan Domingo Perón, que allí ha encontrado asilo después de su fuga de Caracas”. En consecuencia, el 9 de abril de 1958, se declararon suspendidas las relaciones diplomáticas con el gobierno dominicano. (5)
El pacto Perón-Frondizi generó posteriormente una controversia acerca de su contenido. Frigerio sostuvo que tanto él como Frondizi firmaron dos copias del documento enviado a Perón, pero insistió en que no se establecían medidas concretas sino la necesidad de hacer frente al radicalismo de Balbín y a las maniobras del neoperonismo del partido Blanco de los Trabajadores. La afirmación de Frigerio no concuerda con el texto dado a publicidad por Perón en junio de 1959. Por su parte, Frondizi negó haberlo firmado y el acto de darlo a publicidad fue atribuido a una maniobra desestabilizadora por parte de Perón hacia su gobierno. No obstante, la correspondencia particular de Perón en los primeros meses de la administración de Frondizi indicaría que el texto conocido es parcialmente verdadero. Según dicho texto los compromisos de Frondizi incluían la revisión de todas las medidas económicas y la revocación de todas aquéllas de persecución política contra los peronistas adoptadas por la Revolución Libertadora, la devolución de propiedades incluidas las de la Fundación Eva Perón, la normalización de los sindicatos y de la CGT, el reemplazo de los miembros de la Corte Suprema, la restitución de la legalidad al partido Peronista. En un lapso no mayor de dos años debía convocarse una asamblea constituyente que revisara la Constitución, declarara vacantes todos los cargos electivos y convocara a nuevas elecciones. El acuerdo era de una envergadura tal que puede comprenderse que Frondizi estuviera decidido a negarlo.
La información transmitida por el embajador norteamericano en Ciudad Trujillo también parecía confirmar los rumores del compromiso entre Frondizi y Perón. Farland informó que en una entrevista Perón comentó que Frondizi diseñaría un período de transición de dos años que prepararía el terreno para realizar nuevas elecciones. Esto permitiría eliminar la posibilidad de un conflicto social y de crear el clima necesario para el regreso de Perón. (6)
Frigerio sostuvo posteriormente que el acuerdo con Perón no había sido secreto. Todas las estipulaciones del pacto eran, en su opinión, el programa de conciliación que se había propuesto contra la corriente antiperonista y antipopular desatada en 1955. Dicho programa había sido explicado en distintos lugares del país, había formado parte de los discursos de Frondizi durante la campaña electoral y había sido desarrollado extensamente en la revista Qué. Tanto la política del petróleo, la política respecto del capital extranjero, las ideas acerca de las asociaciones profesionales o la decisión de terminar con la antinomia peronismo-antiperonismo no fueron secretas. (7)
En virtud del pacto, la fórmula Arturo Frondizi-Alejandro Gómez consiguió una victoria decisiva en las elecciones del 23 de febrero. Obtuvo 4.070.000 votos, más del doble de los obtenidos por la UCRI unos meses antes, contra 2.550.000 del candidato de la UCRP. La UCRI logró una amplia mayoría en diputados, unanimidad en el Senado y la totalidad de los gobiernos provinciales. El resultado indignó a gran parte de los militares, quienes consideraron que Frondizi había manipulado la proscripción de los peronistas en contra de la Revolución Libertadora. Muchos lo percibieron legalmente electo pero no legítimo. Se pensó incluso en no entregar el poder. Finalmente se impuso la opinión de los legalistas, pero que encerraba un condicionamiento. Frondizi asumiría el gobierno, pero las fuerzas armadas retendrían el poder. De esta manera, a pesar del enorme respaldo electoral obtenido, el gobierno de Frondizi se vería debilitado por las condiciones del apoyo peronista y la tutela que las fuerzas armadas pretenderían ejercer sobre su gestión.
1. NOTAS
2. R.A. Potash, op. cit., pp. 346-347.
3. Ibid., pp. 346-349. Rojas siempre negó las acusaciones de que hubiera querido postergar las elecciones. El almirante Estévez, quien en la época era subordinado de Rojas y luego fue secretario de Marina, también aseveró que Rojas nunca trató de evitar la elección de Frondizi. Ibid., p. 349, n. 97.
4. Las alternativas e implicancias del proceso electoral se pueden consultar en ibid., pp. 351-365; A. Rouquié, op. cit., pp. 146-151; Félix Luna, De Perón a Lanusse, Buenos Aires, Sudamericana/Planeta, 1985, pp. 115-118.
5. R. A. Potash, op. cit., pp. 357-364; Julio E. Nosiglia, El desarrollismo, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1983, pp. 70-76; Silvia L. Belenky, Frondizi y su tiempo, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1984, pp. 40-43; Mario Barrera, Information, Ideology, and Decision Making: Arturo Frondizi and the Argentine Political System, Ph.D. dissertation, University of California, 1970, pp. 54-55-
6. María Laura San Martino de Dromi, Historia política argentina (1955-1988), Buenos Aires, Astrea, 1988, tomo 1, p. 42; Claudio Panella, Perón y Atlas,
7. National Archives Documents, 735.00/2-1958, February 19th, 1958.
Fanor Díaz, Conversaciones con Rogelio Frigerio, Buenos Aires, Colihue-Hachette, 1977, pp. 33 y ss., cit. en J.E. Nosiglia, op. cit., pp. 73-74
