¿SALVÓ EL OPUS DEI
LA ECONOMÍA DE FRANCO?
En el capítulo que transcribo a
continuación César Vidal en su libro “ Enigmas
históricos al descubierto” hace un interesante aporte sobre este momento de la
historia de España.
Durante las últimas décadas del franquismo, las referencias al Opus Dei
adquirieron un carácter casi mítico. Para muchos, aquel grupo de católicos
seguidores de las enseñanzas del padre Escrivá de Balaguer constituía una
especie de masonería blanca o de mafia política cuya única finalidad era
apoderarse de todos los resortes del poder. El hecho de que además un cierto
número de sus miembros se convirtiera en ministros especialmente activos y
conocidos de gobiernos franquistas contribuyó, además, a dar una apariencia de
solidez a aquella leyenda negra en torno al Opus. Pero ¿cuáles fueron las
razones del ascenso del Opus? ¿Salvó el Opus Dei la economía de la España de
Franco?
El año 1959 comenzó bajo negros auspicios para el régimen de Franco. A dos
décadas de la victoria en la guerra civil y a más de un lustro del final del
bloqueo internacional, la dictadura seguía manifestándose claramente incapaz de
mejorar el nivel de vida de unos españoles privados por añadidura de algunas de
las libertades políticas más elementales. Aherrojada bajo las recetas
autárquicas que la Falange había copiado servilmente del fascismo italiano y
del nazismo alemán, la economía era raquítica y estaba exangüe. Aunque la
censura ejercida sobre los medios de comunicación ocultaba cualquier dato sobre
la terrible realidad económica a la población, lo cierto es que la posición de
disponible, saldos en cuentas de corresponsales, caja y cartera del Instituto
Español de Moneda Extranjera (IEME) se hallaba en números rojos y ascendía a
una cifra inferior a los 52 millones de dólares.
El volumen de endeudamiento comercial se elevaba entonces a la cifra
—realmente astronómica para la época— de 375 millones de dólares. A lo largo
del año, la situación no dejó de empeorar. Los vencimientos para el segundo
semestre de 1959 llegaban a casi doscientos millones. Ante la agudización de
una situación de precariedad que podía incluir nuevamente el racionamiento de
la gasolina, algunos de los funcionarios de la administración española llegaron
a la conclusión de que resultaría adecuado atender las recomendaciones del
Fondo Monetario Internacional.
La misión de este organismo, dirigida por el economista francés Gabriel
Ferras, se alojó en el hotel Palace y trazó el plan para la recuperación
económica de España. La receta del FMI implicaba un riguroso plan de
estabilización y una liberalización de la economía que, aunque no se dijera,
chocaba frontalmente con los presupuestos defendidos hasta entonces por el
régimen de Franco.
La tarea iba a recaer sobre una serie de personajes que formaban parte del
Opus Dei, una organización católica de escaso peso en aquel entonces pero que
ya se veía sometida a un cierto acoso por parte de algunas órdenes religiosas
por razones no del todo espirituales. De hecho, cuando el 27 de febrero de 1957
Franco decidió cambiar el gobierno y cesar al camisa vieja Girón, que había
sido ministro de Trabajo durante casi dieciséis años, cabía pensar en algún
tipo de transformación especialmente al entregarse la cartera de Hacienda a
Mariano Navarro Rubio, supernumerario del Opus, y la de Comercio a Alberto
Ullastres Calvo, numerario.
Los personajes clave en el ascenso político del Opus no fueron, sin
embargo, Navarro ni Ullastres, sino el almirante Luis Carrero Blanco —quizá el
personaje más cercano a Franco durante las últimas décadas de su vida— y
Laureano López Rodó. Distintas fuentes apuntan al hecho de que Carrero Blanco
había padecido durante años algunos problemas de signo doméstico que la
intervención de López Rodó, a la sazón un jurista joven, ayudó a solventar.
Esta circunstancia proporcionó a López Rodó un notable ascendiente sobre
Carrero y, de paso, sirvió para que otros miembros del Opus fueran situados en
las cercanías del poder reformando áreas tan importantes como la administración
del Estado. Su primer gran éxito, sin embargo, iba a darse en el terreno de la
política económica.
En julio de 1959, Alberto Ullastres, ministro de Comercio, marchó a
Washington en busca del apoyo de Estados Unidos, mientras en Madrid otro
miembro del Opus, Mariano Navarro Rubio, ministro de Hacienda, intentaba
convencer a Franco de la necesidad de introducir cambios en la economía. Para
ello apeló a uno de los pocos argumentos a que era sensible el general: el del
patriotismo. Franco, que siempre tuvo una visión pragmática, aceptó los
criterios expuestos por Navarro. El 18 de julio —curiosa coincidencia—, el
régimen contaba con el apoyo no de Estados Unidos, que se limitó a otorgar un
respaldo meramente institucional, pero sí del FMI. Durante los días 20 y 21 de
julio, mediante una declaración gubernamental y un decreto-ley de ordenación económica,
se anunció el inicio del plan de estabilización presentado por Ullastres ante
las Cortes el 28 de julio.
El conjunto de medidas contempladas en el plan incluía la limitación del
gasto total del sector público, una mayor flexibilidad de los tipos de
descuento e interés aplicados por el Banco de España, la liberalización en la
importación de ciertas mercancías, la revisión de los organismos que
desempeñaban funciones interventoras y una amnistía para los residentes que
repatriaran el capital evadido en los próximos seis meses.
Los resultados inmediatos de este conjunto de medidas resultaron para
millares de familias españolas auténticamente pavorosos. De entrada se produjo
una contracción de la actividad económica a causa de la afluencia de capitales extranjeros
con los que no podía competir la débil economía nacional. Consecuencia directa
de ello fue la quiebra de no pocas empresas, el aumento del desempleo e incluso
la disminución de los salarios en algunos sectores de la producción. Sin
embargo, a medio plazo, aquella «purga de caballo», como la denominó alguno,
tuvo unos efectos económicos y sociales muy positivos.
Si a finales de 1958 existía un déficit de 58 millones de dólares, un año
después el superávit era de 52 millones. Asimismo, desaparecieron los temores a
que España suspendiera pagos internacionalmente, lo que favoreció enormemente
su economía.
Con una estructura empresarial saneada, una emigración importante hacia
Europa occidental, nuevas inversiones extranjeras y la llegada del turismo, la
nación no tardó en comenzar a experimentar los primeros síntomas del desarrollo
económico. Las razones no podían ser más obvias: la liberalización económica
había relanzado una economía atenazada por el intervencionismo. Éste, como
suele ser habitual, podía estar cargado de buenas intenciones políticas, pero
sólo había servido para estrangular la economía, impulsar la corrupción,
disparar la inflación y aumentar el desempleo. Desde entonces acá las
consecuencias de optar en economía por el intervencionismo o la liberalización
no sólo no han cambiado sino que se han confirmado una y otra vez. Entonces,
desde luego, los resultados fueron innegables. En 1965, España se había
convertido, gracias al Plan de Estabilización y a sus consecuencias, en el
décimo país más desarrollado del mundo.
La intervención de los tecnócratas —y el acierto de Franco al aceptar sus
juicios— ciertamente salvó la economía española, pero tuvo consecuencias
mayores. Aunque, muy posiblemente, la mayoría no eran demócratas sino simplemente
monárquicos, este género de avances se tradujo en un aumento del nivel de vida
que abortó las posibilidades de una salida violenta del régimen de Franco y
contribuyó decisivamente a una transición pacífica. Su contribución así a la
historia de España resultó mayor y mejor, por tanto, de lo que nunca habían
pensado.
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